«El Barrilito» atacado a través del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional conoció y dejó en estado de fallo una acción que procura sea declarada inconstitucional la disposición legal que autoriza la asignación de recursos a los senadores para asistencia social (Fondo de Gestión Provincial Senatorial o “El Barrilito”).

La acción directa de inconstitucionalidad fue incoada por la Fundación Derecho, Educación, Ciudadanía y Democracia, bajo el alegato de que esa disposición viola el artículo 80 de la Constitución, que establece de manera clara cuáles son las atribuciones del Senado.

“No existe una sílaba en los 277 artículo de la Carta Magna, que ordene, establezca o sugiera que un senador reciba fondos para administrarlos, ya que en cualquier administración de un Estado de Derecho, quien fiscaliza no puede ni debe ni se le está permitido administrar fondos para uso de planes sociales, en virtud de que esas funciones le corresponden a los órganos del Poder Ejecutivo”, expresaron los representantes de la fundación en la audiencia del Tribunal Constitucional.

Concluyeron que sea declarado inconstitucional “El Barrilito” por violar los artículos 80, 93 (atribuciones del Congreso); 140 (regulación e incremento de remuneraciones); 246 (control y fiscalización de los fondos públicos) de la Constitución.

Durante la audiencia, que se desarrolló de manera virtual, los representantes del Senado de la República y de la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaron a los jueces declarar inadmisible la acción directa de inconstitucionalidad por falta de objeto.

Luego de escuchar a las partes, los jueces dejaron el expediente en estado de fallo.

En diciembre del año pasado, el presidente Luis Abinader dijo que en los meses próximos apoyaría a los legisladores en el proceso de reforma institucional del Congreso para reencauzar la asignación discrecional de fondos públicos y, fotalecer de este modo, las labores de representación, fiscalización, control y legislación conferidas por la Constitución “de modo que los llamados ´barrilitos´ sean eliminados de manera definitiva”.

La propuesta generó reacciones a favor y en contra en el Senado, aunque de manera pública solo tres senadores han renunciado a recibir “El Barrilito”. Los que han renunciado son el presidente de la Cámara Alta, Eduardo Estrella; el representante de la provincia Santo Domingo, Antonio Taveras Guzmán, y Faride Raful, del Distrito Nacional.