Juicio a Trump: la incitación, un concepto resbaladizo
Las imágenes son estremecedoras. Los senadores republicanos difícilmente podrán quitar hierro a lo que pasó en el Capitolio el 6 de enero. Por eso su argumento para absolver a Trump, como todo indica que se disponen a hacer, es alegar que la insurrección, por muy condenable que fuera, no fue directamente incitada por el entonces presidente Trump.
Los demócratas consideran que Trump cometió “incitación a la insurrección” al utilizar sus alegaciones de fraude electoral para animar a sus seguidores a irrumpir en el Capitolio y tratar de interferir en la certificación de la victoria de su rival Joe Biden. La incitación a la insurrección no es lo mismo que la traición, uno de los dos delitos que menciona expresamente la Constitución como merecedores de impeachment, sino que se engloba en la expresión “otros delitos y faltas graves” que menciona el mismo artículo 2. Es más fácil de probar que la traición. Esta implica un conflicto bélico, algo que no es necesario para que se dé insurrección.
Los abogados de la defensa tienen jurisprudencia para apoyar su postura de que las palabras de Trump están amparadas por la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión. En 2016, durante su primera campaña presidencial, unos manifestantes contrarios al candidato se presentaron en uno de sus mítines para protestar. Desde el escenario, Trump les dijo a sus seguidores: “Sacadlos de aquí”. Los manifestantes aseguraron después que fueron agredidos por los seguidores de Trump, y demandaron al candidato por incitar los disturbios. Un tribunal federal de apelaciones dio la razón a Trump, y estableció que las palabras del candidato estaban amparadas por la Primera Enmienda. La misma, defienden ahora sus abogados, que le protege tras haber exhortado a sus seguidores el 6 de enero a “pelear como el demonio” y “marchar al Capitolio”.
Pero existen diferencias respecto a ese precedente. Primero, que en aquel caso Donald Trump era un ciudadano privado que aspiraba a la presidencia. La conducta que se juzga ahora, en cambio, es la de un presidente de Estados Unidos. Y hay conductas que pueden ser legales para un individuo privado y que, para un cargo público, constituyen una violación de su juramento y pueden ser la base de un impeachment. Así lo destacaron la semana pasada 144 abogados expertos en la Primera Enmienda, que firmaron una carta abierta en la que califican de “legalmente frívolo” el intento de amparar bajo dicha enmienda constitucional la conducta del presidente.
Otra diferencia es que, como se ha encargado de demostrar la acusación durante sus tres días de argumentación, aquí no se juzgan unos hechos aislados. La base de la acusación no son solo las palabras dirigidas a sus seguidores aquel 6 de enero en que, según dijo el congresista Jamie Raskin en el juicio, Trump “abandono su papel de comandante en jefe para convertirse en incitador en jefe”. Se trata también de una campaña planeada y ejecutada durante meses por Trump con el objetivo de permanecer ilegalmente en el cargo. “Donald Trump cultivó durante muchos meses la violencia, la alabó, y cuando vio la violencia de la que eran capaces sus seguidores, la canalizó hacia ese gran evento histórico”, dijo Stacey Plaskett, una de los gestores del impeachment, el grupo de congresistas que envía la Cámara de Representantes para hacer de fiscales en el Senado.
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