Israel se moviliza para evitar rendir cuentas ante la justicia de La Haya
El próximo fiscal general del Tribunal Penal Internacional (TPI), que sucederá en junio a Fatou Bensouda, va a tener en sus manos la decisión de acusar por primera vez a Israel de crímenes de guerra. La jurista gambiana ha dedicado más de un lustro a investigar acusaciones en Gaza y Cisjordania. Tras haber logrado hace una semana que La Haya declarase su jurisdicción sobre Palestina, Israel se ha movilizado para afrontar el reto de la rendición de cuentas ante la justicia internacional.
Las denuncias contra el Gobierno y el Ejército de Israel desembocaron el pasado viernes en la declaración de competencia de los jueces de TPI. Bensouda, que dejará su puesto tras nueve años de mandato, dio por sentada en diciembre de 2019 la existencia de “indicios racionales de la comisión de crímenes de guerra [por ambos bandos] en el contexto de las hostilidades en Gaza en 2014” y “por parte de las autoridades israelíes en Cisjordania por la transferencia de civiles israelíes [a los asentamientos].
Se trata de un legado controvertido para el nuevo fiscal. La incoación formal del caso, si finalmente se produce, puede tardar aún meses. O años, si interviene el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero el Gobierno israelí parecer haber reaccionado con celeridad ante el primer revés serio que sufre ante la justicia penal internacional. El Ministerio de Exteriores ha tocado a rebato para que sus diplomáticos soliciten a los Gobiernos de sus países de destino que hagan llegar “discretos mensajes” al tribunal de La Haya, de acuerdo con una información del portal digital israelí Walla. Las diplomacias de Alemania y Hungría han sido las primeras en cuestionar la jurisdicción de la CPI sobre Palestina, por no tratarse de un Estado reconocido.
Para la veterana dirigente palestina Hanan Asrawi, la decisión del TPI de asumir la jurisdicción sobre Palestina obligará a Israel a “rendir cuentas”. “La salida de Donald Trump de la Casa Blanca ha hecho posible esta resolución judicial”, ha admitido Asrawi, que formó parte de la delegación palestina en la Conferencia de Madrid de 1991, citada por Arab News. “Es una clara señal de que Israel no tiene inmunidad y de que la investigación por crímenes de guerra”, sostiene la antigua ministra y diputada.
La profesora de derecho internacional en la Universidad Hebrea de Jerusalén Yael Ronen puntualiza que “no son los Estados, sino las personas [mandos militares y cargos políticos] quienes pueden ser procesados por el tribunal”. Ronen recuerda en un estudio publicado por Foro de Análisis Regional que Israel no es país signatario del Estatuto de Roma, el tratado por el que nació en 2002 el tribunal penal permanente. Pero Palestina lo ratificó en 2015 y le reconoció jurisdicción sobre su territorio a partir de junio de 2014, antes de la última guerra con Israel en Gaza. Palestina ya tuvo reconocimiento como “Estado observador no miembro” por la Asamblea General de la ONU en 2012. Pese a que Israel le ha negado categoría estatal, el TPI interpreta que, “sin entrar a fijar sus fronteras”, Palestina es un Estado a los efectos de la investigación.
Estos son los tres ámbitos de la investigación de la Fiscalía de La Haya sobre Palestina:
–Gaza (2014). Israel es acusado de lanzar ataques desproporcionados, de la muerte deliberada de civiles y ataques a instalaciones de Cruz Roja. Las milicias palestinas lo son de ataques intencionados a civiles israelíes y de utilizar a civiles palestinos como escudos humanos.
–Gaza (2018-2019). Israel es sospechoso del uso de “medios letales” contra civiles palestinos que cada semana se manifestaban ante la valla de separación con Gaza.
–Cisjordania. Israel, potencia ocupante, es acusado de crimen de guerra por transferir parte de su población civil a territorio ocupado.
Órdenes de arresto internacionales
Israel también se dispone a dar instrucciones a centenares de militares para que tomen precauciones y eviten ser detenidos en el extranjero si los jueces de La Haya dictan órdenes internacionales de detención, según el diario Haaretz. El presidente israelí, Reuven Rivlin, pidió al rey Felipe VI, durante su visita a Jerusalén a comienzos de 2020, ayuda para frenar la investigación. El presidente mostró preocupación ante la posibilidad de que La Haya acuse a los soldados. “Son nuestros hijos y nuestros nietos”, dijo, tras recordar que el Ejército israelí es de reclutamiento forzoso.
Una salida alternativa para Israel es que sean sus propios tribunales los que asuman las investigaciones antes de que lo haga la CPI. Las diligencias abiertas por la justicia militar sobre denuncias de crímenes de guerra en Gaza, sin embargo, apenas han generado procesamientos. El caso de la muerte de cuatro niños que jugaban en una playa de Gaza en plena guerra de 2014 se archivó sin inculpaciones en 2015. Una investigación de ONG Adalah, de la minoría árabe en Israel, confirmó finalmente que los chicos perecieron por el impacto de dos misiles disparados desde un avión no tripulado armado, según datos de la propia policía militar.
El Ejército sostiene que los niños fueron confundidos con milicianos de Hamás en una zona considerada de guerra. El operador de un dron israelí observó una figura humana en un contenedor atacado por la aviación bajo la sospecha de ser un depósito de Hamás. Un segundo aparato disparó un misil contra un niño que se había acercado al contenedor. El resto de los chicos echaron a correr mientras eran perseguidos. El operador del dron pidió aclaraciones sobre los límites de la zona de la playa en la que podía abrir fuego. Al no recibir respuesta, lanzó medio minuto después el misil que causó la muerte de los otros tres menores.
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