Polonia estrecha el cerco contra los historiadores del Holocausto
La historia de la Segunda Guerra Mundial en Polonia, sobre todo de la persecución de los judíos por parte de sus vecinos católicos, sigue arrojando numerosos espacios de sombra dado que se trata de un campo de investigación reciente, en el que solo se ha podido avanzar con amplio acceso a testigos y documentos después de la caída del régimen comunista en 1989. Sin embargo, el Gobierno ultranacionalista polaco de Ley y Justicia (PiS), en el poder desde 2015, ha lanzado una ofensiva legislativa contra la investigación independiente que se ha traducido en una primera condena contra dos historiadores, conocida este martes, y el interrogatorio de una periodista por parte de la policía.
Dos investigadores respetados internacionalmente, Jan Grabowski, profesor de la Universidad de Ottawa y premio Yad Vashem por sus trabajos sobre la Shoah, y Barbara Engelking, directora del Centro Polaco de Investigación del Holocausto, fueron condenados este martes a rectificar un párrafo de un ensayo de 1.600 páginas titulado Noche sin fin: el destino de los judíos en la Polonia ocupada. Deberán rectificar y disculparse, aunque no pagar la multa de 22.000 euros que pedía la demandante. Sin embargo, Grabowski considera que la sentencia causa un daño enorme a la investigación del Holocausto.
En el libro, sostienen que el alcalde del pueblo de Malinowo, en el noroeste de Polonia, Edward Malinowski, robó a una mujer judía a la que rescató y entregó a los ocupantes nazis a judíos escondidos en un bosque. Los investigadores fueron denunciados por la sobrina de 80 años del alcalde, Filomena Leszczynska, que contó con el apoyo de organismos cercanos a Ley y Justicia, como la Liga Polaca contra la Difamación y el Instituto Nacional de la Memoria. El Gobierno ha declarado que no tiene nada que ver con el juicio, que se apoya sin embargo en una ley de 2018 promovida desde el Ejecutivo que condena los “insultos públicos a la nación polaca” y que fue rebajada después de las protestas internacionales y de un conflicto diplomático con Israel.
Por otro lado, la periodista Katarzyna Markusz, colaboradora en la web jewish.pl y que escribe para la Jewish Telegraphic Agency, fue interrogada por la policía el jueves de la semana pasada por orden del fiscal de un distrito de Varsovia. Según relataba este miércoles por correo electrónico la propia Markusz, se le acusa de insultos contra la nación polaca por haber escrito esta pregunta en un artículo para la publicación Krytyka Polityczna: “¿Viviremos para ver el día en que las autoridades polacas admitan que entre los polacos, en general, no había simpatía por los judíos y que la participación polaca en el Holocausto es un hecho histórico?”.
“Cuando me preguntó la policía si había querido insultar a la nación polaca, aseguré que este artículo no pretende insultar a nadie”, relata Markusz, de 39 años. “Hubo polacos que traicionaron a los judíos y otros que les hicieron daño. Son hechos históricos. Es como si los alemanes se enfureciesen porque alguien escribe que invadieron Polonia el 1 de septiembre de 1939. Puedo decir que estoy orgullosa de que se me acuse conforme al mismo apartado (art. 133 pt. 1 del código penal) que al profesor Jan Tomasz Gross”.
La periodista se refiere al primer caso sonado de la ofensiva ultranacionalista contra la investigación histórica en Polonia: Jan T. Gross publicó en un 2001 un libro que tuvo una enorme repercusión, Vecinos, en el que relataba el pogromo de Jedwabne, en 1941, atribuido durante décadas a los nazis, pero que Gross demostró que fue perpetrado por sus vecinos católicos. Desde entonces, la bibliografía sobre las persecuciones de judíos por parte de polacos ha aumentado considerablemente e incluso es el tema de fondo del filme Ida, de Pawel Pawlikowski, que ganó el Óscar a la Mejor Película Extranjera y que fue repudiado por el Gobierno.
Pocas horas después del veredicto, Grabowski expresaba por teléfono desde Varsovia, donde se encuentra actualmente, que “la sentencia supone un problema muy grave para todos los historiadores del Holocausto en Polonia, pero también en el extranjero”. No quiso extenderse mucho en sus respuestas, porque su abogado pretende recurrir la sentencia, aunque señaló que “se trata de un asunto que nunca debería haber llegado a un tribunal porque no son los tribunales los que deben establecer lo que es cierto o no en términos históricos”.
Numerosos centros de investigación del Holocausto –el Yad Vashem de Jerusalén, el Centro Simon Wiesenthal, la Fundación por la Memoria de la Shoah de París, la Asociación de Estudios Eslavos y de Europa del Este, la Asociación Histórica Americana, la Asociación de Estudios Polacos con sede en París, además de la comunidad judía de Varsovia– mostraron su apoyo público a los historiadores antes de la sentencia y consideran, en palabras de la Fundación por la Memoria de la Shoah, que el proceso “representa una caza de brujas” que “tendrá un efecto pernicioso sobre el corazón mismo de la investigación histórica”. La investigadora estadounidense Deborah E. Lipstadt, experta en la negación del Holocausto, escribió en su cuenta de Twitter: “Polonia se dedica a negar el Holocausto de forma suave. No niega el genocidio. Solo reescribe el papel de algunos polacos en él… y castiga a los historiadores que dicen la verdad”.
Sostiene Katarzyna Markusz: “Es evidente que el Gobierno polaco quiere silenciar a los historiadores y periodistas que pretenden escribir la verdad sobre el Holocausto: hubo polacos que atacaron a los judíos durante la guerra. Es un hecho. ¿Por qué se nos persigue por decir esto?”. Grabowski, de 57 años, señala por su parte: “Esta sentencia representa un jarro de agua fría sobre lo que los estudiantes polacos y los historiadores pueden hacer. Estoy muy preocupado y soy muy pesimista”.
Víctimas y verdugos
Polonia fue uno de los países que más sufrió durante la larga noche del terror nazi. Ocupada desde el principio del conflicto por nazis y soviéticos, seis millones de polacos fueron asesinados por el Tercer Reich, entre ellos tres millones de judíos. La Alemania nazi instaló en su territorio seis campos de exterminio, en cuyo funcionamiento los polacos no tuvieron nada que ver. Es más, fueron víctimas en ellos: Auschwitz, por ejemplo, se abrió como un campo de concentración destinado primero a polacos y prisioneros soviéticos. Tampoco hubo un Gobierno colaboracionista y la resistencia fue constante. Polonia es, además, el país del mundo que tiene más Justos entre las Naciones reconocidos por el Yad Vashem: 7.112 personas que se jugaron la vida, o la perdieron, ayudando a judíos. Se trata de hechos que forman parte del consenso sobre la Segunda Guerra Mundial.
Sin embargo, sobre todo a partir de 1989 con el final de la dictadura comunista, también es un hecho reconocido por todos los expertos en la Shoah que ciudadanos polacos asesinaron, robaron, chantajearon, denunciaron y persiguieron a judíos durante y después del conflicto y que además colaboraron con los nazis en su asesinato —no en los campos de exterminio, pero en pogromos, guetos y fusilamientos—. Lo prueban miles de documentos y testimonios. Grabowski cree que la cifra que proporcionó en un libro anterior de 200.000 judíos asesinados por polacos es conservadora. Se trata de un hecho investigado por historiadores como Havi Dreifuss, Anna Bikont, Grabowski, Engelking o Gross, pero que aparece en numerosos ensayos clásicos sobre el Holocausto de autores como Timothy Snyder, Keith Lowe, Raul Hilberg o Tony Judt. Nadie en el mundo académico lo duda. Sin embargo, en la Polonia del siglo XXI se puede ser juzgado o interrogado por la policía por afirmarlo.
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