La regularización de 1,7 millones de venezolanos en Colombia impulsa la agenda internacional de Duque
Iván Duque dio el lunes un golpe de efecto que pone a Colombia a la vanguardia de las políticas migratorias en América Latina y le concede a su Gobierno una considerable reputación internacional como el principal país de acogida de la diáspora de la vecina Venezuela. El presidente anunció un estatuto temporal de protección con una vigencia de 10 años que se propone regularizar a cerca de un millón de migrantes venezolanos indocumentados que ya se encuentran en el país, el más afectado por el éxodo.
El naciente Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) es un plan para integrar a esa población y permitirle acceder con mayor facilidad a trabajo formal, educación o salud, justamente en vísperas de la vacunación masiva para inmunizar a la población frente a la covid-19 que el Gobierno prevé iniciar el próximo 20 de febrero. En resumen, el mecanismo jurídico anunciado abre la puerta a la oferta de servicios del Estado y, con el paso del tiempo, beneficiará a más de 1,7 millones de ciudadanos venezolanos que ya se encuentran en Colombia, pero especialmente a los 966.714 que en diciembre de 2020 estaban en situación irregular, de acuerdo con las cifras de las autoridades migratorias. Cuando se acabe la vigencia de diez años, los ciudadanos venezolanos podrán tramitar una visa de residencia si deciden quedarse.
El propio Duque presentó el ETPV como un ejemplo para que otros países de la región adopten políticas de acogida semejantes y repitió una vez más su llamamiento para que “la comunidad internacional contribuya con recursos y con herramientas para atender a la población migrante”. “Con esto Colombia reafirma su amor y su respaldo a todo el pueblo venezolano que ha sido víctima de esta tragedia”, subrayó en referencia al Gobierno de Nicolás Maduro, al que se encuentra radicalmente enfrentado. El presidente colombiano asumió el poder en agosto de 2018 con la promesa de aislar al heredero de Hugo Chávez, al que no reconoce. Su apoyo irrestricto a la oposición encabezada por Juan Guaidó ha elevado la tensión entre dos países que comparten una frontera de más de 2.200 kilómetros de difícil control y llena de pasos informales.
El anuncio le permitió a Duque cambiar el foco del debate público en momentos en que los numerosos críticos de su Gobierno le reclamaban el recrudecimiento de la violencia en distintas regiones del país, el incesante asesinato de líderes sociales y excombatientes que firmaron el acuerdo de paz con la extinta guerrilla de las FARC y el rezago en el inicio de la vacunación frente a otros países de la región.
Los elogios mundiales fueron casi inmediatos. “Este importante acto de solidaridad hará que por lo menos un tercio de los cinco millones de refugiados y migrantes en la región puedan acceder formalmente a servicios y contribuir a la economía colombiana”, destacó el secretario general de la ONU, el portugués António Guterres. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el italiano Filippo Grandi, quien acompañó a Duque durante el anuncio en la Casa de Nariño, lo calificó como “el gesto humanitario más importante que se ha hecho en el continente desde la Declaración de Cartagena [sobre refugiados] de 1984”. La lluvia de felicitaciones incluyó al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, y a la embajadora de la Unión Europea en Colombia, Patricia Llombart, quien la consideró “una decisión solidaria, valiente y sin precedentes”.
Duque resultó elegido con una inédita cifra de más de diez millones de votos, bajo la sombra del expresidente Álvaro Uribe, su mentor político y el más férreo crítico del acuerdo de paz que selló Juan Manuel Santos con las FARC, hoy desarmadas y convertidas en un partido político. Desde entonces, ha transitado una prolongada crisis de popularidad, e incluso acabó el 2019 asediado por la oleada de protestas que sacudió al país. Los analistas solían coincidir en que su Gobierno carecía de rumbo definido hasta que la pandemia trastocó la agenda política.
Durante un cónclave el mes pasado en la hacienda presidencial de Hato Grande, a pocos kilómetros de Bogotá, el propio Gobierno fijó la reactivación económica y la vacunación masiva de colombianos como las prioridades de este año, el último antes de las elecciones presidenciales de mayo de 2022. El estatuto de protección temporal ofrece un horizonte sanitario mucho más claro para incluir a la población migrante en los planes de vacunación, y con su vigencia de 10 años también le permite a Duque proyectar un legado más allá del año y medio que le queda de mandato.
La medida tiene que ver con la reputación del Gobierno, señala la politóloga e internacionalista Sandra Borda. Por cuenta de la implementación dubitativa del acuerdo de paz han emergido problemas graves como el asesinato de líderes sociales, recuerda, pero “ahora tenemos a un mandatario que está implementando una política migratoria sin parangón”, y eso “lo catapulta en el escenario internacional”. Es también una decisión arriesgada electoralmente, llamativa por provenir de un Ejecutivo conservador cuando los partidos de derecha en el mundo tienden a un discurso antiinmigración al descubrir que es rentable en las urnas, advierte. La presión internacional para implementar los acuerdos y defender los derechos humanos a la que ha estado sometido Duque “bien podría morigerarse con el argumento de que nadie está haciendo tanto por los migrantes”, concluye.
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