Arabia Saudí anuncia importantes reformas de su controvertido sistema judicial
El príncipe Mohamed Bin Salmán, heredero y gobernante de hecho de Arabia Saudí, anunció el pasado lunes la aprobación a lo largo de este año de importantes reformas legales “para mejorar la eficacia e integridad del sistema judicial”. Pocos días antes, los jueces conmutaron la pena de muerte a tres jóvenes chiíes y dejaron en libertad provisional a dos presos políticos con doble nacionalidad saudí y estadounidense. Aunque distintas, estas medidas apuntan a un intento de reparar la imagen del reino tras la llegada a la Casa Blanca de Joe Biden, quien ha prometido considerar los derechos humanos en su política exterior.
La reforma legislativa incluye cuatro leyes: del estatuto personal, de procedimientos civiles, el código penal de sanciones discrecionales (ta’zir) y la que regulará los testimonios y pruebas judiciales, según la información oficial. Estos proyectos, que deber ser revisados por el Gobierno antes de su aprobación final en el Consejo Consultivo (Shura), constituyen un paso hacia la formalización del corpus legal. Arabia Saudí, cuya legislación se basa en la ley islámica (sharía), carece de un sistema de leyes codificado, lo que deja mucho margen de interpretación a los jueces y desincentiva a los inversores extranjeros.
“La ausencia de esas leyes ha motivado contradicciones en los veredictos y ambigüedad en las normas y las prácticas judiciales”, admitía el heredero en el comunicado, antes de precisar que “las nuevas leyes adoptan los estándares internacionales sin contradecir la sharía”.
El ministro de Justicia saudí, Walid Bin Mohamed al Samani, explicó al día siguiente que la reforma legislativa incluye cambios en el modo en que los jueces sentencian a los individuos según el delito cometido. “Respecto al código penal, el anteproyecto afirma que la sanción debe limitarse siempre a los actos previstos en el código legal. También se enfatiza la presunción de inocencia, la aprobación de penas alternativas a la cárcel y la reducción de aspectos de las penas privativas de libertad”, declaró a la cadena saudí Al Arabiya.
Al Samani destacó que la ley del estatuto personal va a establecer “una edad mínima para el matrimonio para ambos sexos, así como a consolidar que se tenga en cuenta la voluntad de la mujer en el contrato matrimonial”. No está claro si la nueva legislación va a acabar con el controvertido sistema de tutela del varón sobre la mujer que, si bien ha visto reducido su alcance desde que el príncipe Mohamed llegó al poder, sigue exigiendo el consentimiento paterno para que las saudíes se casen, aunque sean adultas.
“Estas reformas legales consagran la igualdad ante la ley de ciudadanos, residentes, visitantes e inversores en Arabia Saudí. Las reformas eliminarán la incertidumbre y las discrepancias en los fallos, y promoverán los derechos humanos para todos”, tuiteó la princesa Reema Bint Bandar, embajadora saudí en Estados Unidos
No todo el mundo está convencido. Opositores y activistas de derechos humanos se muestran escépticos: las reformas van a quitar poder a los jueces, no a la familia real. “Es un ejercicio de relaciones públicas ante [el inicio de la presidencia de] Biden. Durante el último mes se han hecho muchos gestos, pero el momento elegido evidencia que son más una reacción política que fruto de un interés genuino en los derechos humanos o los saudíes”, señala a EL PAÍS Abdulaziz Almoayyad, portavoz de ALQST (organización que promueve los derechos humanos en el reino), desde su exilio en un país europeo.
Arabia Saudí, una monarquía absoluta, tiene un largo historial de violaciones de derechos, pero desde el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en 2018 afronta un mayor escrutinio internacional. Las circunstancias que rodearon el crimen también cuestionaron la voluntad de reforma del poderoso príncipe heredero. Numerosos observadores han visto un intento de mejorar su imagen en la reducción de ejecuciones durante el año pasado o en la relativa lenidad de algunas recientes condenas, como la de la activista Loujain al Hathloul, a cinco años y ocho meses frente a los 20 que pedía el fiscal y cuya excarcelación se espera para este jueves.
También se interpreta como un guiño a Estados Unidos la puesta en libertad provisional a la espera de juicio de Salah al Haider y Bader al Ibrahim, dos ciudadanos con doble nacionalidad estadounidense y saudí detenidos en abril de 2019 y que están citados ante el Tribunal Penal Especializado (que ve delitos de terrorismo) el próximo día 8. (Un tercer binacional, Walid Fitaihi, ha visto rechazado su recurso contra una condena por “desobediencia” a los gobernantes.)
“Son gestos muy pequeños que reflejan la ansiedad del régimen saudí ante el cambio de Administración en Estados Unidos”, asegura por teléfono desde Londres la disidente Madawi al Rasheed, cofundadora del Partido de la Asamblea Nacional (en el exilio) y que acaba de publicar The Son King: Reform and Repression in Saudi Arabia (Hurst Publishers). “Biden ha retirado el apoyo de Estados Unidos a la guerra de Yemen y en Washington se habla de hacer público el informe de la CIA sobre el asesinato de Khashoggi, así que claramente el reino quiere enviar el mensaje de que el príncipe heredero ha cambiado su forma de gestión”, añade.
Además, la Comisión de Derechos Humanos (CDH, un organismo estatal) comunicó el pasado domingo la reducción a 10 años de cárcel de las condenas a muerte dictadas contra tres jóvenes chiíes que se manifestaron cuando eran menores de edad. Ali al Nimr (sobrino de un conocido clérigo ejecutado en 2016) y Dawood al Marhoun tenían 17 años y Abdullah al Zaher 15 cuando en 2012 participaron en las protestas de su comunidad en la Provincia Oriental. Se espera que los tres salgan en libertad el año que viene.
Tras las denuncias de las organizaciones internacionales por la aplicación de la pena capital a los menores, la CDH anunció el pasado abril que los condenados a muerte por delitos cometidos antes de la mayoría de edad solo tendrían que cumplir 10 años en un centro de detención juvenil. Sin embargo, el decreto no llegó a publicarse en la gaceta oficial y los grupos de derechos humanos mostraron su preocupación al respecto. Al menos otros dos menores están pendientes de que se condonen sus penas.
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