RD aspira vacunar contra COVID-19 antes de diciembre, priorizando los grupos de riesgo

En momentos en que República Dominicana ve aumentar las cifras de muertes a causa del COVID-19 y que se espera la llegada de las primeras dosis de vacunas contra la enfermedad, crecen las expectativas en torno a la planificación que tienen las autoridades de salud para inmunizar a la población frente al coronavirus.

Diversos sectores demandan conocer el plan que tiene el Ministerio de Salud Pública para almacenar, distribuir y aplicar los 20 millones de dosis que ha informado que se adquirirán a través de las farmacéuticas AstraZeneca y Pfizer, así como mediante el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OPS emitió un comunicado en el que expone que acompaña al Ministerio de Salud Pública en la elaboración del plan de vacunación, el que seguirá una estrategia intensiva por fases que requerirá la movilización y participación de diferentes actores, tanto de los servicios de salud como de la población a nivel local.

“La definición de las fases considera las características de los grupos de riesgo priorizados, el volumen y la periodicidad de abastecimiento de vacunas; el posicionamiento y promoción de la vacunación en la población, entre otros importantes aspectos”.

Como grupos de riesgo priorizados se ha establecido, como en otros países que ya iniciaron la aplicación de vacunas, a las poblaciones con riesgo significativamente elevado de enfermedad grave o muerte. Entre estos se destacan los adultos mayores y grupos con comorbilidades; poblaciones con riesgo significativamente elevado de infección; y trabajadores sociales, incluidos los de la salud que están en la primera línea de la lucha contra la pandemia.

Aunque se establece que las vacunas deberán aplicarse antes de diciembre de 2021, a personas entre los 18 y 80 años o más, se aclara que el plan será flexible y debe adaptarse “a las situaciones de suministro de vacunas que se desarrollen a lo largo de esta emergencia sanitaria”.

La priorización coincide con las que han realizado otros países de la región.

El “Plan Estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en Argentina”, presentado el pasado 23 de diciembre, establece, en un documento de 28 páginas, la priorización y escalonamiento de la aplicación de las vacunas por etapas.

La priorización parte de dos criterios: el riesgo de exposición y el riesgo de enfermedad grave, pero en ambos casos, se parte de criterios de epidemiológicos determinados por la carga de la enfermedad o las tasas de mortalidad o de incidencia por edad.

En tal sentido, los primeros en la escala son el personal de salud, con un escalonamiento en función de la estratificación de riesgo de la actividad; adultos de 70 años y más y o las personas mayores residentes en hogares de larga estancia; adultos de 60 a 69 años; las Fuerzas Armadas, de Seguridad y Personal de Servicios Penitenciarios; adultos de 18 a 59 años de grupos en riesgo y luego el personal docente y no docente, de inicial, primaria y secundaria.

También se establece que la implementación de un carnet único para la Campaña: “deberá asegurarse que todas las personas vacunadas reciban la información adecuada sobre la vacuna administrada y un carnet de vacunación en el que constará el tipo de vacuna aplicada, el número de lote, la fecha de vacunación y la fecha para la administración de la segunda dosis, en caso de corresponder.

Adicionalmente, deberá informarse sobre los efectos adversos habituales, y la manera de proceder ante cualquier sospecha de reacción adversa”.

Cuba tiene una vacuna propia en fase de prueba, mientras Puerto Rico empezó la vacunación a mediados de diciembre pasado. La vecina isla arrancó con el personal de salud, distribuyendo dosis en sus 65 hospitales.

El 11 de enero pasado, México actualizó su “Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19”, con base al uso de las vacunas de PfizerBioNTech y AstraZeneca.

Las autoridades de salud de México parten de una priorización de vacunación por edad de las personas, comorbilidades personales, grupos de atención prioritaria y el comportamiento de la epidemia.

En primer lugar, se ubica al personal sanitario que enfrenta el COVID-19, seguido de las personas adultas mayores, en la siguiente clasificación: a. Mayores de 80 años; b. personas de 70 a 79 años y las de 60 a 69 años. Luego siguen las personas con comorbilidad o comorbilidades, tales como la obesidad mórbida, diabetes mellitus, hipertensión arterial sistémica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, o asma, entre otras.

La escala la completan el personal docente de las Entidades Federativas en semáforo epidemiológico verde y luego el resto de la población que sea mayor a 16 años.

No bajar la guardia

La enfermedad que produce el coronavirus SARS-CoV-2 ha provocado la muerte de 2,747 personas en el país desde que se detectó el primer caso en marzo de 2020.

Para este jueves, las autoridades de salud reportan 28 fallecimientos registrados en las últimas 24 horas, así como 1,671 nuevos casos, lo que eleva el total de personas contagiadas a 218,948 desde inicio de la enfermedad.

Ante esta realidad que marca una tendencia alcista en los casos, así como por las limitaciones de disponibilidad de acceso a las vacunas, la OPS llama a no bajar la guardia.

“A pesar de que las vacunas contra la COVID-19 ayudarán eventualmente a detener la pandemia, la directora de OPS, doctora Carissa F. Etienne, recientemente enfatizó que ‘debemos estar conscientes de que las dosis con las que contamos actualmente no son suficientes para lograr un impacto visible en la transmisión del virus en este momento y en el corto plazo. Las dosis disponibles hoy para ser utilizadas son muy limitadas y continuarán en oferta escasa en todas partes’”.

Respetar la priorización

Consultado al respecto, el exasesor del Poder Ejecutivo para la respuesta a la pandemia del COVID-19 durante la gestión de gobierno pasada, Jorge Marte, enfatizó en la necesidad de que establezca y respete una escala de vacunación, sobre todo en lo que tiene que ver con el personal de salud.

“Se debe tener un celo extremo para que se mantenga la línea de prioridad como se ha establecido en otros países, y que no se hagan maniobras fraudulentas, para incluir a otras personas que no estén en la línea. Que se sigan los patrones bien establecido”, indicó el galeno, quien es además del director médico de Centro de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat).

Hizo hincapié en que, dentro del personal de salud que atiende COVID-19, se debe tomar en cuenta a médicos, paramédicos y personal de servicio, y atender las áreas de infectología, medicina interna, neumología, emergencia y cuidados intensivos.

Marte ve favorable los esfuerzos nacionales en cuanto a asegurar las vacunas, lo que a su juicio ha de ser el primer paso en el actual contexto de pandemia, pero tiene algunas reservas en torno a la logística de distribución y aplicación que se harán en el país.

Aunque se ha planteado el uso de los centros de votación, el doctor no los ve apropiado, puesto que muchos de esos centros se usan para otras actividades que tendrían que suspenderse por más de un día para poder llevar a cabo las jornadas.

Entiende preferible que se utilicen los centros de salud, tanto públicos como privados, pero bajo estricto control del Estado. También considera que la aplicación de las vacunas mediante el registro electoral puede resultar limitado, ya que no todos los ciudadanos están inscritos, pues solo parecen los que tienen derecho al voto, además de que en cada proceso electoral es constante la denuncia de personas que no figuran en el padrón.

“Creo que sería mejor usar el padrón basado en el censo población, pues hay que vacunar a todos, aunque no tengan 18 años”, dijo.