17 partidos presentan argumentos contra reglamento distribuye recursos

Unos 17 partidos firmaron un recurso de revisión ante la Junta Central Electoral (JCE) en el que explicaron sus argumentos jurídicos contra la resolución número 01-2021, que clasificó solo a dos organizaciones políticas por encima del 5%, utilizando el criterio del promedio de votaciones obtenidas el 5 de julio.

Alegaron incumplimiento del debido proceso administrativo para la adopción de reglamentos o normas de similar categoría previsto en los artículos 30 y 31 de la ley 107-13 sobre los Procedimientos Administrativos, que hace obligatorio que la JCE, antes de emitir el referido reglamento, lo someta a la consideración de las organizaciones política.

Sostienen que, aunque el órgano electoral requirió la opinión de los partidos, obvió agotar los requisitos esenciales de publicidad, comunicación y consulta efectiva del texto propuesto.

Janet Camilo, delegada política del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), entiende que el órgano electoral está desnaturalizando el propósito del financiamiento público a los partidos al no garantizar la pluralidad del ejercicio político.

“Estamos hablando de que el partido en el Gobierno no solo tendrá la maquinaria gubernamental, sino que también estará apoderado del mayor financiamiento público”, acotó Camilo.

La Junta habría asumido una postura contradictoria con decisiones adoptadas por el Tribunal Superior Electoral (TSE) cuando era presidido por Román Jáquez, hoy presidente de la JCE, afirmó Manuel Soto Lara, delegado político del Bloque Institucional Social Demócrata (BIS).

Estima que la fórmula más justa para repartir los recursos debe atender a la mayor votación obtenida en cualquiera de los niveles de las últimas elecciones, toda vez que, si bien es cierto que la ley establece que se parta de los resultados de las últimas elecciones, ésta no específica cuál nivel.

Manuel Crespo, delegado de Fuerza del Pueblo (FP), recordó el planteamiento que hizo Jáquez en una conferencia dictada el domingo, en el que planteó un método más equitativo que distribuya un porcentaje fijo entre todos, y otro según los resultados del sufragio. Crespo está de acuerdo con esa propuesta, pero señaló que, “en lo que se reforma la ley, queremos tomarle la palabra para que él con este recurso de revisión comience a dar el ejemplo.”

Advirtió que, de no ser satisfechos por el pleno, llevarán el conflicto a instancias superiores.

Camilo calificó como una violación a la ley la redistribución del 50% de los fondos de los partidos para la construcción de una extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) en Santo Domingo Este, dispuesta en el Presupuesto General del Estado. “El único que tiene facultad de cambiar las leyes es el Congreso y, por tanto, no se puede variar lo que establece la ley de Presupuesto”, agregó.

Tania Báez, delegada del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC), dijo que la adenda que introdujo el Poder Ejecutivo, en la que se planteó canalizar el 50% de los RD$1,260 millones para la UASD, demuestra el supuesto interés contra el sistema de partidos.

Entre las organizaciones políticas que firmaron el recurso se encuentra también el Partido Liberal Reformista (PLR), el Partido Cívico Renovador (PCR), el Partido de Acción Liberal (PAL) y la Unión Demócrata Cristiana (UDC).

El PRSC depositó un recurso similar por separado más temprano, en el que piden incluir los resultados de las elecciones municipales de marzo pasado, y dividir la suma de todos los niveles entre los votantes enlistados en el padrón electoral.