Caso Odebrecht: validan informes de empresas vinculadas a supuesto soborno
La testigo María del Carmen Álvarez de Maio incorporó ayer en el juicio por los sobornos de Odebrecht un grupo de informes financieros y societarios de empresas que, según el Ministerio Público, fueron utilizadas por el imputado Ángel Rondón Rijo para recibir transferencias de los dineros destinados para cometer cohecho.
Álvarez de Maio, quien es una analista de investigaciones criminales del Ministerio Público, declaró en estrado que fue la responsable de elaborar doce informes sobre las empresas Lashan Corp, Consultores y Contratistas Conamsa, Díaz Rúa y Asociados, Indoquipesa, Hacienda Los Ángeles y otras.
Sin embargo, las pruebas incorporadas al juicio ayer fueron algunas vinculadas solo a las empresas Conamsa, Lashan y Hacienda Los Ángeles, supuestamente propiedades de Ángel Rondón.
La mayor parte del tiempo en audiencia estuvo matizado por objeciones recurrentes de las defensas de los imputados de Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, y Conrado Pitaluga Arzeno. La primera de las objeciones surgió al inicio, cuando trataron de impedir que la testigo Álvarez de Maio fuera escuchada.
Alegaron que María del Carmen Álvarez de Maio era una perito disfrazada de testigo, que carecía de objetividad por ser empleada de la Procuraduría General con conocimientos especializados, lo que fue rechazado por las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, quienes ordenaron al Ministerio Público continuar con el interrogatorio. Cerca de las 4:30 de la tarde, las magistradas Gisselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo decidieron suspender la audiencia debido al toque de queda dispuesto por el Gobierno. Dejaron pautado que seguirán escuchando a la testigo el próximo jueves a las 9:00 de la mañana.
El juicio se sigue en contra del empresario Ángel Rondón Rijo; Andrés Bautista García, expresidente del Senado; Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas; el abogado Conrado Pittaluga; Tommy Galán Grullón, exsenador de San Cristóbal y el también exdirector de Inapa Roberto Rodríguez.
Sustento de la acusación
La constructora Odebrecht admitió, mediante un acuerdo con las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR), que pagó sobornos por US$92 millones de pesos que fueron repartidos a congresistas y funcionarios para ser favorecidas por obras de infraestructuras en el país. Basados en las informaciones aportadas por la compañía, en el país se inició un proceso de investigación que llevó a juicio a estos seis imputados y se amplían las investigaciones para un posible Odebrecht 2.0.
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