Analista de Investigaciones Criminales testificará el martes en continuación del juicio Odebrecht

El juicio por los US$92 millones que la constructora Odebrecht admitió haber pagado en sobornos para ser favorecida con obras del Estado, será retomado el próximo martes con el testimonio de María del Carmen Álvarez de Maio, una analista de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público.

En su acusación, el Ministerio Público establece que con el testimonio de esta testigo se probarán la participación accionaria del imputado Porfirio Andrés Bautista García en la empresa Industria Cárnica Nacional Incarna S.A.S. y que esa empresa fue utilizada, supuestamente, para lavar dinero procedente de los sobornos.

El Ministerio Público también buscará incorporar un informe societario del 30 de mayo del 2018, de la compañía Incarna, según indica la acusación.

María del Carmen es la testigo número seis que pretende presentar el Ministerio Público en el juicio seguido contra Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Tommy Galán, Andrés Bautista y Juan Roberto Rodríguez.

El pasado martes, fue escuchada en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el testimonio de otra testigo con el mismo apellido. Se trata de Carmen Nadieska Álvarez de Maio, quien en los contrainterrogatorios a los que fue sometida, no identificó transferencia ni cheques desde las empresas de Ángel Rondón para ninguno de los otros cinco enjuiciados.

La testigo declaró sobre la base de varios informes financieros realizados por ella bajo encargo de la Procuraduría General de la República (PGR) con informaciones remitidas de la Superintendencia de Bancos, la Tesorería de la Seguridad Social y la Dirección General de Impuestos internos.

Admitió que al elaborar sus informes financieros sobre las cuentas de los imputados Ángel Rondón y Andrés Bautista, además de las empresas de estos, advirtió que le faltaba información. Dijo, además, que le informó a las autoridades que había que solicitar información complementaria, pero no recibió respuesta.

El exejecutivo de Odebrecht Mauricio Dantas Bezerra declaró el 8, 11 y 12 de enero de 2021. Este fue quien representó a la constructora en el acuerdo firmado con la Procuraduría en 2017 y fue considerado por el Ministerio Público como un testigo “imprescindible”. Dantas Bezerra, quien es brasileño, declaró en el tribunal que los sobornos eran canalizados a través de Ángel Rondón y Conrado Pittaluga, y que eran entregados a congresistas y funcionarios. Aseguró que Odebrecht hizo pagos por algunos millones de dólares que eran destinados a Víctor Díaz Rúa. Validó una serie de documentos que serían prueba de los sobornos.

Otra que testificó fue María Eugenia Batista. Sus declaraciones tuvieron lugar el 12 de enero de 2021 y versaron sobre una comunicación de fecha 1 de marzo de 2018 en que se remitiera un dossier de documentos con comprobantes de transacciones que hizo el Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht y que fueron remitidos a la Procuraduría luego del acuerdo firmado en 2017. Reiteró que se hicieron pagos no contabilizados o ilícitos a las empresas Lashan Corporation, Newport Consulting y Conamsa, relacionadas con Ángel Rondón y Conrado Pittaluga.

También declaró Rodrigo Maluf Cardoso. Fue interrogado el 12 y 14 de enero de 2021. El testigo brasileño no pudo identificar que la empresa Aragon Consulting, del imputado Conrado Pittaluga, haya recibido pagos ilícitos por parte del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht. Admitió que los pagos eran recibidos por otra firma ajena a Pittaluga que se conoce como Aragon Finance Corp., registrada en Panamá y perteneciente a un ciudadano de ese país.

El brasileño Marcelo Hofke compareció en el juicio el 14 de enero de 2021. Reconoció que cuando fue interrogado por la Procuraduría, en enero de 2017, identificó a Ángel Rondón como el representante comercial de Odebrecht, porque esa era la información que tenía hasta ese momento, la cual le fue suministrada por Marco Vasconcelos.

Dijo que no fue hasta luego de que se firmó el acuerdo de colaboración, cuando tomó “conocimiento indirecto, a través de la lectura de los documentos”, que la constructora había admitido sobornos de US$92 millones. Cuando el Ministerio Público le preguntó que a cuáles funcionarios se dirigían esos sobornos, respondió que no recordaba, pero dijo que los pagos hechos a Conrado Pittaluga eran dirigidos a Víctor Díaz Rúa.