La decisión de EE UU de anular el proyecto de un oleoducto provoca malestar en el Gobierno de Canadá
La toma de posesión de Joe Biden como presidente de Estados Unidos apunta a una normalización de las relaciones bilaterales con Canadá. La sensación en el país es que volverán a ser más previsibles y cordiales con el demócrata, aunque no perfectas. Las diferencias entre estadounidenses y canadienses en distintos temas forman parte de su historia. Pocas horas después de haber asumido el cargo, Biden firmó 17 decretos para desmarcarse con rapidez de varias disposiciones de Donald Trump. Uno de ellos afecta directamente a su vecino del norte: la rescisión de los permisos para la construcción y explotación del oleoducto Keystone XL, una arteria planeada para enviar crudo canadiense a refinerías estadounidenses.
El proyecto ha estado acompañado desde sus inicios –hace más de 12 años- por un coro de voces opositoras y recursos judiciales, sobre todo por parte de ambientalistas y grupos indígenas. Keystone XL buscaba conectar Hardisty (Alberta) con Steele City (Nebraska) para el transporte de unos 830.000 barriles diarios de petróleo a lo largo de 1.930 kilómetros. Otras líneas ya existentes servirían para enviar el hidrocarburo a refinerías de Texas. El coste total del proyecto ronda los 8.000 millones de dólares. Barack Obama frenó la iniciativa en 2015, pero Trump volvió a autorizarla en 2017.
La orden ejecutiva de Joe Biden sobre Keystone XL no ha sido una sorpresa, ya que fue una de sus promesas de campaña. En uno de sus mítines comentó que este oleoducto iba a servir para transportar petróleo proveniente de “arenas bituminosas que no necesitamos”. “De hecho, son altamente contaminantes”, agregó. La suspensión de este proyecto y la vuelta al Acuerdo de París forman parte de la agenda medioambiental de Biden. Sin embargo, distintos economistas canadienses han subrayado un motivo adicional: Estados Unidos ha aumentado considerablemente la producción petrolera dentro de sus fronteras (en 2019, el consumo interno de petróleo requirió únicamente 3% del total en importaciones).
El Gobierno liberal de Trudeau, que había recibido con entusiasmo la autorización de Trump al proyecto en 2017, expresó en varios momentos a Biden –en su calidad de presidente electo- que Keystone XL sería un elemento importante en materia de seguridad energética norteamericana y que el petróleo a extraerse estaría apegado a reglas medioambientales rigurosas. Por su parte, Jason Kenney, primer ministro de Alberta (la mayor provincia petrolera), pidió a Biden realizar una serie de consultas antes de tomar una decisión “precipitada”, ya que la cancelación del proyecto significaría la pérdida de miles de empleos y el debilitamiento de los vínculos bilaterales. El Gobierno de Alberta invirtió 1.000 millones de dólares en esta obra a cargo de la compañía TC Energy, además de ofrecer unos 4.600 millones en garantías de préstamos. Sin embargo, Biden no cambió de parecer.
Tras la firma del decreto, Trudeau emitió un comunicado. “Saludamos el compromiso del presidente Biden para luchar contra los cambios climáticos, pero estamos decepcionados por su decisión relacionada con el proyecto Keystone XL. No obstante, reconocemos la decisión del presidente de cumplir con la promesa que hizo en la campaña electoral”, indicaba el documento. Además, Trudeau manifestó que los trabajadores, tanto de las provincias petroleras del oeste como del resto del país, tendrán siempre su apoyo. Jason Kenney señaló que se sentía “profundamente perturbado” por la medida, calificándola como “un puñetazo para las economías de Alberta y Canadá”. Asimismo, pidió a Trudeau que retome el diálogo sobre el tema con la nueva administración estadounidense, solicitando incluso la imposición de sanciones comerciales. También dijo que el Gobierno de Alberta contempla llegar a los tribunales.
En la esfera federal, los líderes del Bloque Quebequés, el Partido Verde y el Nuevo Partido Democrático manifestaron su respaldo a la decisión de Biden, ya que consideran que es necesario invertir hoy más que nunca en energías limpias. Varias organizaciones civiles –como Greenpeace- apuntaron en la misma dirección. Cabe recordar la ola de críticas hacia Trudeau en junio de 2019 por haber nacionalizado el oleoducto TransMountain y confirmar su expansión un día después de declarar la emergencia climática.
Diversos analistas señalan que Trudeau difícilmente querrá comenzar una batalla con el Gobierno estadounidense por Keystone XL. Trudeau aún lidia con los señalamientos relacionados con TransMountain, debe ceñirse a las metas medioambientales y sabe que los altos precios del barril son cosa del pasado. Además, la factura política sería ligera al dejar que el proyecto muera, teniendo en la mira futuras elecciones. John Ibbitson comentó en The Globe and Mail: “La primera prioridad de cualquier Gobierno federal, liberal o conservador, es preservar los empleos en el centro de Canadá [con bajas actividades petroleras], donde vive la mayoría de la gente. Así es simplemente como gira el mundo”.
Pero otro factor invita también a pensar que Trudeau optará por enterrar el hacha: el nuevo ciclo de relaciones con Estados Unidos. Alec Castonguay escribió en L’ Actualité: “Canadá está tratando de reconectar ese vínculo esencial con su aliado histórico. Ahora que la Casa Blanca está dirigida por un inquilino dialogante y comprensivo, debemos aprovechar la situación para solucionar algunos problemas persistentes: el conflicto por la madera de construcción, la reincorporación de Estados Unidos en la lucha contra el cambio climático, la gestión de la frontera por la covid-19, que los estadounidenses ayuden a liberar a los dos canadienses, Michael Spavor y Michael Kovrig, de las garras de China. Poner todos los huevos en la canasta de Keystone XL no sería lo mejor para reconstruir la relación”. Frente a este escenario, resulta poco probable que Trudeau apoye al premier de Alberta en sus planes para revivir el oleoducto.
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