Conflicto político complica llegada de vacunas a Venezuela

El conflicto político de Venezuela se cobra otra víctima: El alivio para la pandemia del coronavirus.

El gobierno socialista de Nicolás Maduro y la oposición, apoyada por Estados Unidos, se acusan mutuamente de explotar políticamente el tema con propuestas para financiar la adquisición de vacunas suministradas por las Naciones Unidas, bloqueando toda posibilidad de conseguir las vacunas.

El gobierno, corto de fondos e impedido de acceder a los bancos occidentales por sanciones de Estados Unidos, propuso vender una pequeña parte de los fondos congelados en Gran Bretana, valuados en 2.000 millones de dólares, para pagar las vacunas. Abogados del banco central venezolano dicen que se viene “un desastre humanitario, y la posible pérdida de muchas vidas”, si no se liberan los fondos retenidos en el Reino Unido.

Pero la oposición encabezada por Juan Guaidó se opone a ello, una postura que impide que se haga algo hasta que la Corte Suprema británica se pronuncie en torno al espinoso tema de quién es el presidente legítimo de Venezuela, con derecho a disponer de sus bienes.

La oposición arguye que no se puede esperar que Maduro distribuya las vacunas equitativamente y que el verdadero objetivo del gobierno es sentar un precedente que le permita acceder a los fondos, incluyendo lingotes de oro guardado en el Banco de Inglaterra, congelado por los tribunales británicos, que representa un tercio de las reservas de divisas extranjeras del país.

La oposición propone en cambio usar otros fondos también embargados a los que tiene acceso en Estados Unidos y que observadores se aseguren de que la distribución de las vacunas no es usada con fines de clientelismo político. Esto representaría una potencial victoria para la gente de Guaidó ya que Maduro le ha cerrado todas las vías de acceso al poder adentro de Venezuela.

El actual estado de cosas le impidió a Venezuela hacer en diciembre un pago inicial de 18 millones de dólares por las vacunas de la ONU. Por ello los venezolanos seguirán seguramente sufriendo los efectos del virus mientras en otras naciones de América Latina comienzan las vacunaciones. El único posible alivio serían las vacunas Sputnik V suministradas por Rusia, firme aliado de Maduro.

La situación resalta los desafíos que enfrentará el nuevo gobierno estadounidense de Joe Biden para atenuar las divisiones que han exacerbado una crisis humanitaria que abruma a los vecinos de Venezuela, los cuales han recibido más de 5 millones de venezolanos que se fueron del país en los últimos años.

“No basta con atribuir culpas”, declaró Francisco Rodríguez, economista venezolano que trabaja para Oil for Venezuela, un grupo basado en Estados Unidos que promueve una mayor asistencia a los más vulnerables. “Para resolver los problemas, ambos bandos necesitan mostrarse dispuestos a cooperar para que el pueblo venezolano no resulte un daño colateral del conflicto político”.

La batalla por las vacunas salió a la luz en el marco de la disputa entre Maduro y Guaidó por el control del oro congelado por el Bank of England. La Corte Suprema británica decidió tomar el caso en diciembre y su fallo dependerá de a quién los británicos reconocen como el gobernante legítimo de Venezuela: Si a Guaidó, que es apoyado por el gobierno del primer ministro Boris Johnson, o a Maduro, con el que el Reino Unido tiene relaciones diplomáticas tirantes.

En septiembre el ministro de salud de Venezuela acordó comprar 11 millones de dosis de vacunas en la primera ronda de un programa apoyado por la ONU conocido como COVAX, que busca comprar y distribuir vacunas en más de 100 países. El acuerdo contemplaba un pago inicial de 18 millones de dólares para el 15 de diciembre y garantías financieras para el desembolso de otros 101 millones de dólares.

“Lamentablemente, debido al impacto de las sanciones del gobierno estadounidense, no le ha sido posible a Venezuela satisfacer esas obligaciones”, declararon abogados de la firma Zaiwalla & Co., que representa al banco central venezolano, en una carta del 23 de diciembre en la que propusieron a Guaidó el uso del producto de una permuta de oro con el Deutsche Bank para pagar por las vacunas.

Seis días después, los abogados de Guaidó rechazaron el plan, diciendo que hay otros mecanismos de pago, incluidos fondos confiscados por el gobierno de Donald Trump que ya han sido usados para ayudar económicamente a trabajadores del campo de la salud que combaten la pandemia.

Mientras que el gobierno de Maduro afirma que los bancos occidentales se niegan a procesar los pagos de Venezuela, los abogados de Guaidó dicen que la ayuda humanitaria no se ve impedida por las sanciones de Estados Unidos y que el Departamento del Tesoro de ese país exenta específicamente la asistencia vinculada con el COVID. El gobierno de Estados Unidos ya ha suministrado 1.000 millones de dólares para mitigar los efectos de la crisis en Venezuela y toda la región.

“Está claro que Maduro trata de encontrar la forma de quedarse con el oro”, comentó Vanessa Neumann, quien fue enviada de Guaidó a Londres hasta noviembre. “Quieren crear un precedente legal. Pero usar el sentimiento internacional de culpa por el COVID y el sufrimiento del pueblo venezolano es una forma deplorable de tratar de lograrlo”.

Una firma de relaciones públicas que representa a los abogados del banco central de Venezuela suministró una copia de las cartas a la AP.

Miguel Pizarro, coordinador de la ayuda humanitaria de Guaidó, dijo que es vital que la Iglesia Católica Romana y grupos de la sociedad civil supervisen la distribución de las vacunas porque el gobierno de Maduro violó un acuerdo alcanzado en junio con la Organización Panamericana de la Salud para que el gobierno y la oposición colaborasen en la lucha contra el virus.

El acuerdo, considerado en su momento como una inusual cooperación en una relación donde siempre se apuesta a todo o nada, contemplaba la entrega de equipo protector y de kits de pruebas de antígenos del COVID adquiridos con fondos en el exterior controlados por Guaidó, de acuerdo con Pizarro.

Pero tras la llegada de los suministros en octubre, el gobierno se hizo cargo de las pruebas y no se sabe si realmente distribuyó el material entre los 27 hospitales seleccionados para recibirlo, de acuerdo con Pizarro. La OPS dijo esta semana que solo 3.000 de las 340.000 pruebas enviadas al país habían sido usadas.

“No sabemos lo que pasó con las pruebas”, declaró Pizarro. “Pero es obvio que no se puede creer en la palabra de Maduro”.

El gobierno venezolano reportó 1.122 muertes y 121.691 contagios del coronavirus, lo que representa una de las tasas de infección más bajas de la región. Esto indicaría que el virus no golpeó tan fuerte en una nación con un sistema sanitario colapsado, en el que los hospitales carecen de cosas básicas, como agua corriente y jeringas.

Organizaciones médicas opuestas a Maduro afirman que la cifra de muertos es cuatro veces más alta, aunque todavía por debajo de la tasa de la vecina Colombia, que registra casi 50.000 muertos.

Venezuela corre peligro de quedar rezagada en la vacunación del personal médico y de los sectores más vulnerables. Ciro Ugarte, director de emergencias sanitarias de la OPS, dijo esta semana que había vencido el plazo para sumarse al programa COVAX y que Venezuela tampoco podrá adquirir vacunas a través del fondo rotatorio de la organización con sede en Washington mientras no salde una deuda de 11 millones de dólares.

La disputa importa poco a los venezolanos, que aceptarán alivios vengan de donde vengan. Por ahora, lo más probable es que lleguen de Rusia, ya que Maduro ha dicho que comprará 10 millones de dosis a los rusos.

Peter Contrera, de 40 años, dijo que no sabe si confía en la vacuna rusa, que no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud ni por otros organismos regulatorios estrictos. También duda que gente común como él tenga acceso a la vacuna cuando llegue al país.

“Supuestamente viene un lote para Venezuela”, expresó Contrera, quien compra y vende alimentos y repuestos para automóviles. “No sé si es para el gobierno o para la gente”.

Contrera, quien no toma partido en la política venezolana, estaba sentado en un banco frente a un hospital público de un barrio pobre de Caracas, esperando para entregar sábanas limpias y comida a su padre de 73 años, hospitalizado hace una semana con una neumonía relacionadas con el COVID.

“No sé qué efecto trae esa vacuna”, manifestó. “Todavía no han dicho nada”.