Macron impulsa un referéndum para introducir el medio ambiente en la Constitución
El Consejo de Ministros francés ha adoptado este miércoles la propuesta del presidente, Emmanuel Macron, para introducir en la Constitución una mención a la “biodiversidad, el medio ambiente y la lucha contra el calentamiento global”. Y quiere someter la enmienda al voto ciudadano. Es un símbolo del compromiso ecológico del presidente. Pero también una maniobra política con vistas a las elecciones presidenciales de mayo de 2022.
Todo presidente francés aspira a dejar su impronta en la ley fundamental. Y Macron no será menos. Pero él quiere hacerlo por un método que nadie se ha atrevido a volver a utilizar en Francia desde que en 2005 una mayoría rechazó en un referéndum el proyecto de Constitución europea que impulsaba Jacques Chirac. “Es una afirmación, en la cumbre de nuestra pirámide de normas, de la voluntad de proteger al medio ambiente”, dijo el portavoz del Gobierno francés, Gabriel Attal. “Se trata de un avance que el presidente de la República ha calificado de ‘estructurador’ para nuestras políticas públicas”, añadió.
La iniciativa responde a la petición de la llamada Convención Ciudadana por el Clima, una experiencia democrática insólita en Francia. Entre octubre de 2019 y junio de 2020, este foro reunió a 150 ciudadanos elegidos por sorteo con el objetivo de “definir una serie de medidas para alcanzar una reducción de al menos un 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030 [respecto a 1990] en un espíritu de justicia social”.
Una de las propuestas de la Convención era la enmienda del artículo primero de la Constitución. En su forma actual, el artículo dice: “Francia es una República indivisible, laica, democrática y social. Garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, de raza o de religión. Respeta todas las creencias. Su organización es descentralizada. La ley favorece el acceso igual de mujeres y hombres a los mandatos electorales y a las funciones electivas, así como a las responsabilidades profesionales y sociales”.
Al recibir, el pasado junio, la propuesta de la Convención Ciudadana, Macron se declaró favorable a este cambio constitucional y dispuesto a someterlo a un referéndum. No será fácil llevarla hasta el final. Primero, la Asamblea Nacional y el Senado deben ponerse de acuerdo sobre un mismo texto de la enmienda. Después, tendrá que encontrarse una fecha para la convocatoria en las urnas, siempre que las incertidumbres de la pandemia se hayan despejado.
Las elecciones regionales, previstas para marzo, se aplazarán a junio debido al coronavirus. La fecha elegida para el referéndum deberá tener en cuenta este calendario. Tampoco puede celebrarse en una fecha demasiado cercana a la de las presidenciales, si el presidente quiere evitar que la campaña del referéndum contamine la de la reelección.
Más allá del procedimiento y el calendario, existe un obstáculo político de peso. La República en marcha (LREM) —el partido de Macron— y sus aliados son mayoritarios en la Asamblea Nacional. Pero no en el Senado, controlado por Los Republicanos (LR), el gran partido de la derecha. En la mayoría de las iniciativas legislativas, el Senado no es un problema para Macron: aunque vote en contra de sus leyes, la Asamblea Nacional tiene la última palabra. Con la reforma constitucional, es distinto. El Senado está en pie de igualdad y puede ralentizar la reforma o rechazarla.
El constitucionalista Jean-Philippe Derosier considera que el referéndum es “improbable e inútil”, y que “prácticamente no tiene ninguna posibilidad de prosperar”. En un artículo publicado en diciembre en su blog, La Constitución descodificada, sostiene que el Senado carece de incentivos para aprobar la reforma. “Sería una victoria para Emmanuel Macron y, a medida que se acercan las elecciones de 2022, es poco probable que el Senado, con mayoría de derechas, le conceda tal regalo”, escribe.
La reforma, según Derosier, también sería inútil, puesto que la Carta del Medio Ambiente, adoptada en 2004, está integrada en el bloque de textos constitucionales. Además, una decisión reciente del Consejo Constitucional subraya la obligación para el legislador de tener en cuenta la protección del medio ambiente.
La existencia de estos textos legislativos podría hacer superflua la enmienda del artículo primero. Pero, en paralelo, existen otras razones para aprobarla. Una es democrática: el referéndum obedece a un mandato de la Convención Ciudadana. Otra razón es simbólica: en un momento de urgencia climática, que Francia lo proclame en su Constitución no es un detalle menor.
Partidismo
Existen, finalmente, razones políticas, en el sentido más partidista del término. La iniciativa, por sí sola, no es polémica en un país en el que el ecologismo, como principio abstracto, no lo discute nadie, ni la extrema derecha. Si la derecha bloquea en el Senado, deberá afinar sus argumentos para demostrar que no se opone a la lucha contra el cambio climático.
La propuesta también es una trampa para la oposición de izquierdas. Si se llega al referéndum, no será sencillo para los ecologistas —pero tampoco para socialistas y otros en la izquierda— votar en contra, o abstenerse de una medida que responde a sus demandas. Pero, si votan a favor, se arriesgarán a reforzar a Macron en vísperas electorales.
Los riesgos del voto popular
Un peligro, para el presidente francés Emmanuel Macron, es que el referéndum para introducir el medioambiente en la Constitución se acabe convirtiendo en un referéndum sobre su persona. Macron, ¿sí o no? Todo referéndum puede reforzar al jefe de Estado, pero también debilitarlo. La vía de las urnas no es obligatoria. En Francia, desde que en 1958 se adoptó la Constitución de la V República, el texto fundamental se ha revisado 24 veces. De estas, solo dos se adoptaron por referéndum: la que, en 1962, permitió la elección del presidente por sufragio universal, y la que, en 2000, redujo el mandato del presidente de 7 a 5 años. El referéndum, sea o no sobre una reforma constitucional, es un método arriesgado. Se han celebrado nueve desde 1958. El General de Gaulle dimitió tras perder en 1969 un referéndum sobre la regionalización. Jacques Chirac perdió el referéndum de ratificación de la Constitución europea en 2005, y siguió en el poder hasta el final de su mandato en 2007.
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