Human Rights Watch denuncia un aumento de la represión por críticas al rey en Marruecos
La ONG Human Rights Watch (HRW) sostiene en su informe sobre el año 2020 que Marruecos ha “intensificado su represión contra usuarios de redes sociales, artistas y periodistas que expresan opiniones críticas contra la monarquía”. El informe indica que, aunque el código de prensa marroquí no prevé penas de prisión para aquellos que ejercen la crítica contra el poder, “las autoridades continúan recurriendo a ciertos artículos del código penal para encarcelar a los detractores”.
HRW señala que en los últimos años Marruecos ha “detenido, procesado o encarcelado” a varios activistas y periodistas independientes sobre la base de “acusaciones dudosas”, como la práctica de “relaciones sexuales fuera del matrimonio”. “Algunos de estos procesos parecen estar motivados por razones políticas”, añade el informe, tachado por el Gobierno marroquí como carente de pruebas y de rigor.
La ONG cita el caso del conocido periodista y activista Omar Radi, quien según un informe de Amnistía Internacional, tenía su teléfono espiado mediante un potente programa desarrollado por la empresa israelí NSO, que supuestamente solo puede ser comprado por Gobiernos con el fin de combatir el crimen.
Varios días después de la publicación del artículo, Radi fue llamado a comisaría hasta en 10 ocasiones. Se le acusaba de varios cargos como espionaje, atentado contra la seguridad exterior e interior del Estado y fraude fiscal. Finalmente, en julio fue acusado de violación, tras una denuncia interpuesta por una periodista con la que Radi asegura haber mantenido relaciones consentidas. HRW afirma que tanto la denunciante como Omar Radi tienen derecho a un juicio justo.
La ONG también se hace eco de un comunicado difundido el 10 de julio por más de 100 periodistas marroquíes que reclamaban protección de las autoridades frente a las campañas de calumnias que sufren quienes molestan a personas “próximas al poder”. Esos “ataques incesantes”, según HRW, se efectúan desde “sitios de Internet próximos a los servicios de seguridad”. Estos medios, según la ONG, han llegado a difundir informaciones íntimas como “vídeos de actos sexuales, cuentas bancarias, capturas de imagen de conversaciones electrónicas privadas (…), así como detalles biográficos que se remontan a veces hasta la infancia y hasta los padres de las personas atacadas”
HRW indica que, entre septiembre de 2019 y enero de 2020, al menos 10 activistas, artistas y ciudadanos de distintas ciudades fueron detenidos por “sus comentarios críticos hacia las autoridades expresados en Facebook, en YouTube o en canciones de rap”. La organización internacional señala que el 18 de febrero un tribunal de apelación de la ciudad de Settat, al sur de Rabat, condenó a cuatro años de cárcel a Mohamed Sekkaki, un comentador popular en YouTube, por haber hecho comentarios críticos contra el rey Mohammed VI.
Meses después, el 15 de julio, un tribunal de apelación de Khemisset, al este de Rabat, confirmó una pena de tres años de prisión contra el usuario de Facebook Mohamed Ben Boudouh y contra el empleado de banca Youssef Moujahid. El primero había publicado un vídeo donde criticaba “el estilo de vida fastuoso de Mohamed VI”, según señala HRW. “Y el segundo, por haber difundido extractos de ese vídeo”.
En cuanto al Sáhara Occidental, la ONG afirma que las autoridades marroquíes “impiden sistemáticamente” las reuniones de apoyo a la autodeterminación del Sáhara, obstruyen el trabajo de ciertas ONG y “dan palizas a activistas y periodistas”. La ONG indica que después de que la activista saharaui Aminatou Haidar creara en septiembre la llamada Instancia Saharaui contra la Ocupación Marroquí, un procurador de El Aaiún abrió una investigación judicial por “actividades que atentan contra la integridad territorial del reino”.
La ONG señala que en 2020 seguían en prisión 19 saharauis condenados en 2013 y 2017, tras sendos juicios “sin las debidas garantías”, a quienes se les culpó de los asesinatos de 11 miembros de las fuerzas de seguridad cometidos en 2010, durante los enfrentamientos que tuvieron lugar cuando las autoridades desmantelaron por la fuerza un asentamiento de manifestantes en Gdeim Izik, a 15 kilómetros de El Aaiún.
El pasado 30 de diciembre, el historiador y activista de los derechos humanos Maati Monjib, quien venía denunciando el acoso mediático y judicial desde hacía varios años, fue encarcelado tras ser acusado de blanqueo de capitales. Monjib había escrito días antes en su página de Facebook sobre estos cargos: “El propósito de estas demandas es sancionarme por una declaración reciente en la radio en la que hablo del papel de la Dirección General de Vigilancia Territorial (DGST) en la represión de opositores y la gestión de los asuntos políticos y mediáticos en Marruecos”.
El informe de HRW critica también duramente la situación de las libertades en Argelia. El informe asegura que las autoridades continúan con las detenciones de manifestantes, activistas y periodistas “a pesar de sus promesas de diálogo”, con el fin de amordazar el Hirak, el movimiento de protestas que impulsó la dimisión del expresidente Abdelaziz Buteflika.
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