Estados Unidos critica a México por la difusión del informe de la DEA contra el general Cienfuegos
La Administración estadounidense manifestó la noche del viernes a EL PAÍS su profundo malestar por la difusión del expediente de la DEA contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda ordenada por el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. La Secretaría de Relaciones Exteriores hizo público el informe enviado por Washington con el que la agencia antidrogas buscaba sostener sus acusaciones y demostrar los supuestos vínculos del militar, que fue secretario de Defensa durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, con la organización del narco Juan Francisco Patrón Sánchez, alias H-2, líder de una escisión del cartel de los hermanos Beltrán Leyva.
El Gobierno de Estados Unidos “está profundamente decepcionado por la decisión de México de publicar información compartida de manera confidencial”, explica un portavoz del Departamento de Justicia. “La publicación de dicha información viola el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre México y Estados Unidos”, continúa el funcionario, que además advierte sobre las dudas generadas por este episodio y la oportunidad de seguir compartiendo información obtenida al otro lado de la frontera para apoyar las investigaciones de las autoridades mexicanas.
La decisión de revelar el expediente -que contiene en sus más de 700 páginas miles de interceptaciones de mensajes de teléfono celular atribuidas al general Cienfuegos y a cabecillas de la organización- se dio después de que la Fiscalía General de la República (FGR) diera carpetazo, el jueves, a las investigaciones contra el militar y desestimara las acusaciones de narcotráfico y lavado de dinero. Washington rechaza también la exoneración del antiguo jefe de las Fuerzas Armadas. “Estamos profundamente decepcionados por la decisión de México de cerrar su investigación”, explica el portavoz por correo electrónico. “El Departamento de Justicia de Estados Unidos mantiene plenamente su investigación y sus cargos”.
Cienfuegos fue detenido el pasado 15 de octubre en el aeropuerto de Los Ángeles en un operativo que se mantuvo en secreto y no fue compartido con México por temor a una filtración. Un mes después, gracias a las presiones de la Cancillería y a las gestiones diplomáticas con el Departamento de Estado, el militar pudo volver a su país con la condición de que la justicia no abandonaría la instrucción del caso. Su regreso supuso formalmente la cancelación de los cargos formulados contra él en Estados Unidos y después de la exoneración acordada por la Fiscalía mexicana el exsecretario de Defensa quedó libre sin acusaciones a los dos lados de la frontera.
López Obrador fue más allá y no solo respaldó la resolución judicial sino que llegó a acusar a la DEA de intentar “fabricar” un caso. Achacó, además, la detención de Cienfuegos al ambiente electoral y de campaña. “¿Cómo fue que pasaron estas cosas? Hay que ver tiempos. La política es tiempo. Esto se da en vísperas de las elecciones en Estados Unidos”, mantuvo el presidente. “Les pedimos todo lo que tenían. Si no fue así y tienen más, estamos abiertos a recibir todas las pruebas. Pero no queremos especulaciones, la fabricación de delitos, venganzas y no aceptamos intimidaciones. Somos un país libre, independiente y soberano”, recalcó.
El caso ha elevado la tensión con Estados Unidos, que ya adelantó que se reserva el derecho de comenzar nuevamente el proceso en contra del general. El portavoz del Departamento de Justicia rechaza las acusaciones de López Obrador. “Los materiales difundidos hoy [el viernes] por México muestran que el caso contra el general Cienfuegos, de hecho, no fue inventado”, deja claro el portavoz del Departamento de Justicia. Esa información, continúa, muestra “que la información en la que se basó para acusar al general Cienfuegos fue recopilada legalmente en los Estados Unidos, de acuerdo con una orden judicial apropiada de los Estados Unidos y en pleno respeto de la soberanía de México”. Washington recuerda, además, que un gran jurado federal analizó esas y otras pruebas y estableció que los cargos penales contra Cienfuegos estaban respaldados por la evidencia.
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