Miembros de la Cámara de Cuentas vuelven a ser centro de escándalos

La Cámara de Cuentas de la República Dominicana, organismo fiscalizador y auditor del Estado ha sido escenario de una secuencia de escándalos que en diferentes años han puesto en tela de juicio a más de una gestión.

Sus actuales miembros hoy día no solo son objeto del escrutinio público sino de la Procuraduría General de la República que investiga sus actuaciones en torno a las auditorías de las obras construidas por Odebrecht del 2002 al 2014. El Ministerio Público investiga a sus miembros por obstrucción de la justicia y detectar indicios que comprometen su responsabilidad penal en delitos de corrupción administrativa.

Las indagatorias contra el órgano fiscalizador, que encabeza Hugo Francisco Álvarez Pérez, apuntan a la comisión de delitos como asociación de malhechores, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, complicidad en estafa contra el Estado y lavado de activos.

A esas pesquisas se suma la posibilidad de que sean requeridos por el Senado de la República para que expliquen el silencio respecto al resultado de auditorías ya realizadas que aún no han sido tramitados a la Procuraduría para los fines correspondientes.

El presidente de la comisión permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado, Antonio Taveras Guzmán, explicó que a los miembros de la Cámara de Cuentas no se le realizará una interpelación, sino más bien una invitación para que expliquen una serie de situaciones. La moción se presentaría en la próxima sesión de la Cámara Alta.

En el 2018 los actuales miembros estuvieron en el centro de los debates por un aumento de sueldo. Su presidente Hugo Álvarez Pérez se incrementó RD$73,500 adicionales a los RD$350,000 mensuales que ganaba, mientras los otros cuatro miembros pasaron de cobrar RD$313,304 a RD$379,097.

En mayo del 2007 los miembros de la entonces Cámara de Cuentas estaban en medio del escrutinio público debido a que se incrementaron sus salarios en RD$449,994.28, de un monto de RD$261,088.28 que ganaban. Ese incremento fue rechazado por los diferentes actores sociales y políticos de la República Dominicana, lo que dio paso a que la medida fuera revocada por sus autoridades.

A raíz de eso, su entonces presidente Andrés Terrero pidió un voto de confianza, pero terminaron renunciando por ser sometidos a un juicio político tras registrarse un enfrentamiento interno entre los miembros que sacaron a relucir alegadas faltas en el ejercicio de sus funciones.

En el 2008, asumen nuevos miembros bajo la presidencia de Licelotte Marte de Barrios (fallecida), y en ese mismo año, en diciembre, ya estaban dando de qué hablar por haber cobrado la regalía pascual completa y otros incentivos navideños sin que les correspondiera. En esa oportunidad se habló de juicio político y se elevaron voces a favor de que renunciaran, hasta que los integrantes aprobaron la devolución de lo cobrado.

Sin haber superado ese impasse volvieron a la palestra por la contratación de una firma de auditoría sin hacer la debida licitación pública y por la contratación de un seguro médico internacional.