India no entrega cadáveres de personas muertas en Cachemira

Un frío día invernal Mushtaq Ahmed cavaba en la tierra para enterrar a su hijo adolescente en la parte de Cachemira controlada por la India. Pero no tenía el cadáver.

Asombrados curiosos observaban en silencio. Y Ahmed siguió cavando.

En determinado momento se detuvo y, furioso, encaró al grupo de personas.

“Quiero el cadáver de mi hijo”, afirmó. “Le pido a la India que me entregue su cuerpo”.

La policía dijo que soldados indios hirieron de muerte a Athar Mushtaq, el hijo de 16 años de Ahmed, y a otros dos jóvenes porque se negaron a entregarse en las afueras de la ciudad de Srinagar el 30 de diciembre. Describieron al trío como “importantes colaboradores de terroristas” opuestos al gobierno indio.

Las familias de los muchachos aseguran que no eran militantes y que fueron asesinados a sangre fría. No hay forma de confirmar lo que sucedió con fuentes independientes.

“Es mentira lo del enfrenamiento”, insistió Ahmed, mientras se reunía una muchedumbre a su alrededor y gritaban consignas pidiendo justicia en un cementerio de Bellow, pueblo del sur.

Las autoridades enterraron a los jóvenes en un cementerio aislado, a 115 kilómetros de sus pueblos ancestrales.

Desde el año pasado las autoridades indias han enterrado a cantidades de rebeldes de Cachemira en tumbas sin nombre, negándoles a sus familias un funeral apropiado. Esa política aumenta el resentimiento hacia los indios en esta región disputada.

La India apela desde hace tiempo a la fuerza para conservar el control de la parte de Cachemira que controla. Libró dos guerras por esa región con Pakistán, que también reclama este territorio montañoso. Un alzamiento armado contra el control indio que comenzó en 1989 y la subsecuente represión india dejaron decenas de miles de muertos.

En agosto del 2019, la India revocó el status semiautónomo de Cachemira, impuso toques de queda, bloqueó las comunicaciones y arrestó a miles de personas, generando el furor y la ruina económica de la región. Desde entonces gobernó con mano de hierro.

Por años Cachemira acusó a las fuerzas indias de perseguir a los civiles y de abusar del poder con total impunidad. Sus soldados han sido acusados de inventar enfrentamientos armados y luego decir que las víctimas eran militantes para pedir compensaciones y promociones.

La muerte de Athar se produjo pocos meses después de una inusual admisión de culpabilidad de la India, que reconoció que sus soldados se excedieron al matar a tres individuos que describió inicialmente como terroristas pakistaníes. Un oficial ha sido acusado de asesinato.

El furor de los habitantes de Cachemira en torno a estos incidentes se ve agravado por una nueva política según la cual no se identifica a los muertos ni se entrega sus cadáveres a sus familias.

Las autoridades indias dicen que el objetivo es contener la propagación del coronavirus, pero activistas de los derechos humanos y residentes sostienen que la India trata de evitar entierros multitudinarios en los que se aviva el sentimiento anti-indio.

El director de la policía Vijay Kumar dijo en una reciente entrevista con el diario The Hindu que esa política “no solo frenó la propagación de las infecciones de COVID sino que también puso fin a la glorificación de los terroristas y evitó potenciales problemas”.

“No entregar los cadáveres de los muertos es una humillación para la humanidad”, expresó Zareef Ahmed Zareef, prominente poeta de Cachemira y defensor de los derechos civiles.

El gobierno nacionalista hindú del primer ministro indio Narendra Modi niega sistemáticamente los pedidos de que se entreguen los cadáveres y las familias de los muertos a veces visitan disimuladamente sus tumbas en sitios remotos, colocan piedras y escriben sus nombres.

La india entregó los cadáveres hasta abril del año pasado. Desde entonces 158 supuestos militantes fueron enterrados en sitios aislados, de acuerdo con la policía.

Ahmed se enteró de la muerte de su hijo el 30 de diciembre y de inmediato se presentó en la unidad policial de Srinagar donde estaba su cadáver. Cuando la policía se lo llevó, junto con los de los otros dos jóvenes, para enterrarlo en un paraje montañoso remoto, Ahmed los siguió.

En el trayecto fue parado varias veces por soldados indios, a quienes imploró que le permitiesen ver a su hijo una última vez. Cuando llegaron al cementerio, fue conmocionado por lo que vio.

La fosa había sido cavada por una pala mecánica, ignorando la tradición. Generalmente se la cava a mano y se colocan lápidas de mármol.

“No eran tumbas, sino pozos cavados a los apurones”, se quejó. “Yo mismo puse el cadáver de mi hijo en la fosa”.

Expertos y activistas dicen que la negativa a entregar los cadáveres a las familias es un delito.

“Es una violación de las leyes internacionales y de las convenciones de Ginebra”, manifestó Parvez Imroz, prominente abogado de derechos humanos. “Viola incluso las leyes locales”.